La liberalización de la plantación del viñedo ha sido el asunto estrella de la asamblea general de la Conferencia Española de Consejos Reguladores del Vino (CECRV), cita anual celebrada días atrás en Villafranca del Penedés con motivo del 50 aniversario de su Denominación de Origen y en la que el Marco ha estado representado por el presidente de la institución del vino jerezana, Antonio Fernández.
Los consejos reguladores se congratulan de la reciente adhesión de España a la postura que mantienen Francia, Alemania, Italia y otros seis países productores en defensa del actual sistema de derechos de plantación del viñedo, decisión comunicada en mayo por el Ministerio Medio Ambiente, Rural y Marino al comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos.
La Comisión Europea debe elaborar antes de finales de 2012 un informe sobre el impacto de la reforma de la OCM del sector, en vigor desde 2008 y, precisamente, Bruselas admite que muchas de las medidas comprendidas en el nuevo reglamento del vino -como la retirada de los mecanismos de regulación de mercado y el arranque de viñedo, entre otros- y su aplicación en España no están resolviendo la difícil situación del sector en los últimos años.
El bloque de principales países europeos productores -que además de los arriba mencionados integra a Austria, Portugal, Chipre, Luxemburgo y Rumanía- y los agricultores, que también han trasladado a la UE su posición al respecto través del COPA-COGECA, son partidarios de mantener el único sistema de control de la plantación de viñedo y de gestión de la masa forestal.
La Conferencia de Consejos Reguladores se hizo eco del respaldo a su planteamiento que, presumiblemente, adoptará a finales de este mes el Parlamento europeo, que disfruta del poder de codecisión en la regulación comunitaria, así como de la decisión a principios de junio adoptada en la Asamblea Nacional francesa por la que se insta a encuadrar en la actual reforma de la PAC el cambio normativo para revocar la liberalización.
Por otra parte, Antonio Fernández y sus homólogos en la Conferencia de Consejos Reguladores firmaron su adhesión a la 'Declaración de Barcelona', protocolo de compromiso del sector contra el cambio climático que se materializó el pasado 9 de junio durante la celebración de la jornada internacional 'Wineries for Climate Protection'. Este protocolo es una declaración de intenciones de alcance internacional, suscrito por empresas, asociaciones, entidades y personalidades que tienen vinculación con el sector vitivinícola y que pretende abanderar un movimiento mundial de gran trascendencia social, económica y ambiental.
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